Corrupt Puerto Rican politicians commandeer donation money to use to reward special interests, see it as “easy money”

https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/dinerofacil-columna-2501493

Point of view
By Robb Rill
2019 June 25, Tuesday
Easy money

Two years ago, a very important bill is under consideration to unify the different codes of tax incentives under a comprehensive law, whose main architect was the former secretary of Economic Development and Commerce, José Pérez Riera. Conceptually, the measure is a great idea because some laws related to tax incentives are outdated and others may even have conflicting language.

Refusing to try to consolidate such a large and disparate number of laws into one place is complicated (the current bill is almost 600 pages long) and gives politicians an opportunity to review things and rewrite some of the important aspects of Bill that concerns us all.

The most salient changes under the incentive code are laws 20 and 22, which will no longer have those names. In this reformulation process, there were three aspects that changed and that we actually believe are good for Puerto Rico, despite the fact that the recipients are not happy with it (neither the DDEC, but for it to be approved, it is necessary that they reach an agreement.

The bill reintroduces the employment requirement, which we support at the macro level, requires the purchase of real estate that we also believe makes sense to show some local roots, and increased the charitable giving requirement from $5,000 to $10,000 a year.

We also support this despite the cost because the island is still in crisis and overall it is a significant amount of money that far exceeds $20 million annually (depending on whether the bill is retroactive or prospective) to help local non-profit organizations.

Unfortunately, this last element has been used as an opportunity to obtain funds that would normally go to any officially approved charity on the island, section 1101.01 of the Puerto Rico Code, and that the donor considers as an entity that merits them, and that Now he demands that all the money go to the government (where it would not be deductible), to a fund that will have a list of charities approved by a special committee. What is the purpose and benefit of this?

It is certainly not more efficient, since there is now an administrative giant having to raise funds and then administer them after some committee, which does not have the donor’s participation, decides where those funds go.

Another highly suspect element is that the bill previously required that eligible charities also have a Federal 501 (c) (3) designation because federal requirements require transparency of funds with reporting requirements that are available online through the publication to the general public of the Forms 990 of each organization.

This was withdrawn without any valid reason. It’s easy to see how a favorite charity working with the government (or a politician’s favorite charity) added the language that required a committee to select where the funds go and remove the federal designation requirement. In addition, the government may have quasi-governmental organizations with which it works, which are designated 1101.01 and will technically qualify for such funds.

If the donor could choose, she would never direct the funds this way and that is the point. It is a hoarding of cash to potentially control and increase the deficiency of funds in other areas, and that is completely unacceptable and potentially illegal. After all the political scandals related to contracts since Hurricane Maria, which resulted in multiple indictments by government officials and contractors, anyone would think that such obvious malpractice would stop.

Apparently in Puerto Rico, such behavior has occurred so frequently that it has normalized. That doesn’t mean it’s okay, nor should it be allowed to continue.

Punto de vista

Por Robb Rill

martes, 25 de junio de 2019

Dinero fácil

Hace dos años que está bajo consideración un proyecto de ley muy importante para unificar los diferentes códigos de incentivos fiscales bajo una ley integral, cuyo arquitecto principal fue el ex secretario de Desarrollo Económico y Comercio, José Pérez Riera. Conceptualmente, la medida es una gran idea porque algunas leyes relacionadas con los incentivos fiscales están obsoletas y otras pueden incluso tener un lenguaje conflictivo.

La negativa a tratar de consolidar un número tan grande y dispar de leyes en un solo lugar es complicada (el proyecto de ley actual tiene casi 600 páginas) y brinda a los políticos la oportunidad de revisar las cosas y reescribir algunos de los aspectos importantes del proyecto de ley que nos conciernen a todos.

Los cambios más sobresalientes bajo el código de incentivos son las leyes 20 y 22, que ya no tendrán esos nombres. En este proceso de reformulación, hubo tres aspectos que cambiaron y que en realidad creemos que son buenos para Puerto Rico, a pesar de que los destinatarios no están contentos con ello (tampoco el DDEC, pero para que se apruebe, es necesario que lleguen a un acuerdo.

El proyecto de ley vuelve a introducir el requisito de empleo, que apoyamos a nivel macro, requiere la compra de bienes raíces que también creemos que tiene sentido mostrar algunas raíces locales, y aumentó el requisito de la donación benéfica de $5,000 a $10,000 al año.

También apoyamos esto a pesar del costo porque la isla todavía está en crisis y en conjunto se trata de una cantidad significativa de dinero que supera con creces los $20 millones anuales (dependiendo de si el proyecto de ley tiene efecto retroactivo o prospectivo) para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro locales.

Desafortunadamente, este último elemento ha sido utilizado como una oportunidad para obtener fondos que normalmente irían a cualquier organización benéfica oficial aprobada legalmente en la isla, sección 1101.01 del Código de Puerto Rico, y que el donante considere como una entidad que los amerita, y que ahora exige que todo el dinero vaya al gobierno (donde no sería deducible), a un fondo que tendrá una lista de las organizaciones benéficas aprobadas por un comité especial. ¿Cuál es el propósito y beneficio de esto?

Ciertamente no es más eficiente, ya que ahora hay un gigante administrativo teniendo que recaudar fondos para luego administrarlos después de que algún comité, que no cuenta con la participación del donante, decida a dónde van esos fondos.

Otro elemento muy sospechoso es que el proyecto de ley requería previamente que las organizaciones benéficas elegibles también tuvieran una designación del Código Federal 501(c)(3) porque los requisitos federales exigen la transparencia de los fondos con requisitos de presentación de informes que están disponibles online a través de la publicación para el público en general de los Formularios 990 de cada organización.

Esto fue retirado sin ninguna razón válida. Es fácil ver cómo una organización benéfica favorita que trabaja con el gobierno (o la organización benéfica favorita de un político) agregó el lenguaje que requería que un comité seleccionara a dónde van los fondos y eliminara el requisito de la designación federal. Además, el gobierno podría tener organizaciones cuasi-gubernamentales con las que trabaja, que tienen la designación 1101.01 y que técnicamente calificarán para tales fondos.

Si el donante pudiera elegir, nunca dirigiría los fondos de esta manera y ese es el punto. Se trata de una acaparación de efectivo para potencialmente controlar y aumentar la deficiencia de fondos en otras áreas, y eso es completamente inaceptable y potencialmente ilegal. Después todos los escándalos políticos relacionados con los contratos desde el huracán María, que resultaron en múltiples acusaciones de funcionarios del gobierno y contratistas, cualquiera pensaría que semejante mala práctica tan obvia se detendría.

Aparentemente en Puerto Rico, tal comportamiento ha ocurrido tan frecuentemente que se ha normalizado. Eso no significa que esté bien, ni que deba permitirse que continúe.